Jorge Montero
“En una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato, como hacen ellos”. “Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualesquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente.” - Juan Domingo Perón, 21 de enero de 1974.
“Estas fuerzas armadas son las
mejores que he visto en mi vida” – Ricardo Balbín, principal dirigente de la UCR, declaraciones al diario
‘La Prensa’, 16 de marzo de 1976.
1* A MODO DE INTRODUCCIÓN
Sin duda el terrorismo de Estado no fue un rayo en el
cielo sereno. Se fue gestando lentamente en consonancia con la irrupción del
movimiento obrero en un nuevo ciclo de luchas y organización, que cuestionó
seriamente el sistema de explotación, visualizando los límites de la lucha
sindical, mientras debatía la necesidad de una construcción política para los
trabajadores.
Desde el “Cordobazo” de 1969; pasando por el
Movimiento Sindical de Base -donde el desafío a enfrentar el Pacto Social y su
política de conciliación de clases, ya fue planteado por Agustín Tosco, el
histórico dirigente de Luz y Fuerza, en el Congreso fundacional del 8 de
julio-; la Mesa de Gremios en Lucha nacida en Córdoba durante 1974, a partir de
las conducciones de SMATA, Perkins , Luz y Fuerza y otros sindicatos,
Comisiones Internas y agrupaciones de oposición a directivas burocráticas;
hasta la irrupción de las Coordinadoras Interfabriles en junio y julio de 1975
gestoras de la huelga general traducida como el “Rodrigazo”. La democracia de
base, la organización y la combatividad fueron el fundamento de una amplia
unidad que permitió un salto en la acción consciente de la clase obrera. “Si los patrones coordinan para explotar,
los trabajadores coordinamos para erradicar la explotación”.
La demanda de las clases dominantes era perentoria:
había que liquidar la “guerrilla fabril”.
No alcanzaba ya con contener y disciplinar uno de los procesos de movilización
obrera más significativos a nivel regional. Había que devastar y borrar la
memoria colectiva.
2* LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE
“El mejor enemigo, es el enemigo muerto.” – Publicación ‘El Caudillo’, vocero de la Triple A.
En diciembre de 1975, el general René Otto Paladino, uno de los
fundadores de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), fue designado por el
gobierno peronista al frente de la SIDE. Inmediatamente se decidió
crear una base para que la banda de un connotado integrante del Servicio de
informaciones, Aníbal Gordon, pudiera operar con tranquilidad. Su prontuario
marcaba el paso por la Alianza Libertadora Nacionalista, por la Concentración
Nacionalista Universitaria (CNU), y como integrante de la custodia del
presidente Juan Domingo Perón.
El
coronel Rubén Visuara, jefe de la base Billinghurst -inmueble emblemático del
espionaje argentino-fue quien encargó al agente Eduardo Ruffo buscar una
“cueva” desde donde la patota pudiera hacer sus operativos. Así nació
“Automotores Orletti”, que se transformó en el centro de operaciones regional
en el marco del llamado “Plan Cóndor”, donde la banda de Gordon coordinó tareas
con represores de Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, actuando
conjuntamente con agentes de inteligencia militar del Batallón 601. Allí fueron
secuestradas, torturadas, extorsionadas más de 300 personas, muchas de ellas
asesinadas, para quedar desaparecidas.
Gordon y su banda –su hijo Marcelo, Osvaldo “Paqui” Forese,
Jorge “Polaco” Dubchak, César “Pino” Enciso, Ernesto “Guzmán” Lorenzo y Carlos
“Indio” Castillo, entre otros- llegaron a la Unión Obrera Metalúrgica, que
contaba con su propia caterva de matones, de la mano del secretario general de
la CGT José Ignacio Rucci. Ambas patotas comenzaron a actuar conjuntamente, con
apoyo de la oficina de “operaciones tácticas” de la SIDE.
La sociedad criminal Gordon-UOM tuvo un rol destacado en marzo
de 1975 en el operativo represivo desplegado sobre Villa Constitución contra
los obreros enfrentados a la conducción burocrática del sindicato metalúrgico.
El operativo contó con presencia de 500 matones de la Triple A y personal de
las fuerzas represivas estatales, que sumaban más de 4.000 efectivos.
En los dormitorios de solteros de la planta de Acindar, se montó
el primer campo de concentración, para detener, torturar y eventualmente
asesinar a obreros de las acerías, en un adelanto de lo que haría luego la
dictadura a partir de 1976. Más de
treinta muertos, 300 encarcelados, miles de despedidos, fue el saldo del
accionar fascista. Las órdenes eran claras: ahogar en sangre y fuego a
trabajadores y activistas.
Para las cúpulas empresarias era imprescindible segar de raíz el
proceso combativo que se había producido en el “cinturón rojo del Paraná”.
Desde Alfredo Martínez de Hoz, presidente del directorio de la acerera Acindar,
al principal dirigente de la oposición política Ricardo Balbín, la demanda
sobre el gobierno peronista era perentoria, liquidar la “guerrilla fabril”.
La patota de Gordon fue responsable directa del secuestro de una
veintena de activistas y dirigentes obreros durante la “Operación Serpiente
Roja”. No pasó mucho tiempo para que se produjera una disputa sangrienta entre
los miembros de la banda y los matones de la UOM, con varios muertos. Alguno de
ellos, como “el Polaco” Dubchak, fue asesinado, descuartizado y quemado en el
horno de los sótanos de la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica.
Sin dudas Aníbal Gordon y su banda encontraron su piedra
filosofal al hacer pasar por políticas las más pavorosas actividades
criminales. Algunos de sus más destacados miembros, como Ernesto “mayor Guzmán”
Lorenzo, se especializaron en sonados robos y secuestros extorsivos. El fracaso
en el cobro del rescate por el rapto de un agente de la Bolsa de Comercio,
llevó a la increpación de Gordon: “Vos
sos un panqueque, te das vuelta en el aire según tu conveniencia”. De esa
ocurrencia, el grupo ideó la denominación de “Brigada Panqueque”, cuando se
dedicaban a cometer todo tipo de tropelías.
Sus relaciones con los hombres del ejército tampoco fueron un
lecho de rosas. El hilo se cortó definitivamente en 1981 cuando el segundo jefe
de inteligencia del ejército, general Jorge Ezequiel Suárez Nelson, descubrió
que él mismo se había convertido en objetivo de la patota que planificaba
asesinarlo -negocios son negocios-. Suárez Nelson comenzó la persecución de la
banda que terminó fugándose al Uruguay. A su regreso a la Argentina y meses
antes de las elecciones del ’83 tuvieron otra mala ocurrencia: secuestraron a
Guillermo Patricio Kelly. Cuando Ruffo se disponía a matar al hombre de la
Alianza Libertadora Nacionalista, el llamado telefónico del presidente Reynaldo
Bignone suspendió la ejecución. Su argumento fue contundente: “Si no obedecen, no doy cinco guitas por
ustedes”.
Concluida la dictadura, la SIDE –como el resto de los organismos
del Estado- se encargó de proteger toda información que pudiera dejar al
descubierto las actividades represivas de sus agentes. La mayoría de sus
miembros, entre ellos un joven Jaime Stiuso, fueron reciclados y siguieron
activos en el plantel de la Secretaría durante los gobiernos constitucionales
que se sucedieron.
Raúl Alfonsín está vestido con traje y corbata oscura. Atrás se
ven periodistas y entre ellos un hombre, también de traje y corbata, con la
cabeza ladeada. Es uno de los custodios del presidente, Raúl Guglielminetti.
Antes de esa foto, no mucho antes, en las mazmorras del centro clandestino
“Automotores Orletti”, se hacía llamar “mayor Guastavino”. En 1985, estalló el
escándalo. Un agente del Batallón 601 durante la dictadura, custodiaba a Raúl
Alfonsín. El descubrimiento se transformó en contumacia cuando se supo de su
pertenencia al Grupo Alem. Connotados integrantes de la banda de Aníbal Gordon,
autoproclamándose defensores del gobierno democrático, reportaban directamente
al ministerio de Defensa, haciendo inteligencia paralela para el gobierno
radical. Pero la cabra tira al monte y el grupo se disolvió al hacerse pública
su participación en el secuestro extorsivo de los empresarios Emilio Naum y
Enrique Menotti Pescarmona.
El sinuoso contexto político, entre las asonadas de los
“carapintadas” y el copamiento de La Tablada; las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final; los paros de la CGT y la hiperinflación. Plagado de cimbronazos
como el secuestro y asesinato de Osvaldo Sivak a manos de la “banda de los
comisarios” de vínculos estrechos con la SIDE; signó el convulso período
político.
3* EL AIRE HUELE A HUMO
“El
Ejército accionará selectivamente sobre los establecimientos industriales y
empresas del Estado, en coordinación con los organismos estatales relacionados
con el ámbito, para promover y neutralizar las situaciones conflictivas de
origen laboral, provocadas o que pueden ser explotadas por la subversión, a fin
de impedir la agitación y acción insurreccional de masas y contribuir al
eficiente funcionamiento del aparato productivo del país.” - Decreto secreto 504/77 ‘Continuación de la Ofensiva contra la
Subversión’.
La
empresa automotriz Mercedes Benz, hoy Daimler Chrysler, una de las mayores
empresas industriales europeas, fue fundada en Alemania en 1890. La fábrica de
Argentina, la primera filial de la empresa en el exterior, se estableció en
González Catán en 1951. El análisis de la historia de la empresa sitúa sus
acciones durante la dictadura en perspectiva, a la luz de su relación con el
nazismo a partir de la década de 1930 y los beneficios que esta asociación le
reportó en la expansión de su producción y sus ganancias.
De la
utilización de mano de obra compuesta por prisioneros de guerra reducidos a
relaciones de trabajo equivalentes a la servidumbre, al empleo ofrecido en
Argentina a Adolf Eichmann, criminal de guerra y encargado de la logística del
transporte masivo de judíos hacia los campos de exterminio. La política
represiva de Mercedes Benz presenta una línea de continuidad bastante
predecible.
La
situación en la fábrica comenzó a alterarse significativamente entre fines de
1975 y comienzos de 1976. Las relaciones se estrecharon entre el gobierno,
particularmente el ministro de Trabajo Carlos Ruckauf -quien el 6 de octubre de
1975 promovió un decreto de aniquilamiento de la subversión en los centros
industriales, asimilando toda lucha obrera a un proceso de guerrilla
industrial-, la dirigencia sindical burocrática, y las cúpulas patronales.
Las
empresas automotrices firmaron un convenio, que entró en vigencia en Mercedes
Benz en julio de 1975, estableciendo que el 1% del precio de venta de cada
vehículo se dedicaría a la formación de un fondo extraordinario para la “erradicación de elementos negativos” de
la fábrica. Este capital sería administrado por la dirección del SMATA sin
auditoria alguna, a cambio que ella misma se encargara de garantizar la
represión efectiva sobre los trabajadores. Luego del golpe militar se
sucedieron secuestros de obreros y activistas de la planta. De los diecisiete
trabajadores ‘chupados’ en Mercedes Benz Argentina, sólo tres volvieron a
aparecer.
Rubén
Luis Lavallén estuvo a cargo durante los primeros años de la dictadura del
comando de la Brigada de Investigaciones de San Justo, sede de un centro
clandestino de detención, secuestrador del obrero de Mercedes Benz Alberto
Gigena, quien nunca volvió a aparecer. Con tan intachable foja de servicios,
fue contratado por la empresa automotriz como encargado de la seguridad y
vigilancia de su planta de González Catán, en 1978. Veinte años después fue
condenado a cuatro años de prisión por la apropiación de Paula Logares, hija de
una pareja de uruguayos detenidos-desaparecidos.
Durante
los años de oro de la dictadura, Mercedes Benz se encontraba entre las veinte
empresas de mayor facturación en el país, tenía como principal cliente al
ejército argentino, quien compraba a la firma los camiones Unimog. La empresa
donó, como parte de sus gestos altruistas para con las fuerzas armadas,
equipamiento obstétrico para ser utilizado en las dependencias de Campo de
Mayo, y así llevar a cabo los partos clandestinos de mujeres desaparecidas.
El
obrero Héctor Aníbal Ratto (detenido en la fábrica en agosto de 1977 por un
grupo armado del ejército, permaneció en cautiverio clandestino y torturado en
la comisaría de Ramos Mejía y en Campo de Mayo, recuperando su libertad en
marzo de 1979), estuvo presente cuando el jefe de producción de la planta de
González Catán, Juan Tasselkraut, informó a las fuerzas de seguridad la
dirección de su compañero Diego Núñez, quien fue secuestrado ese mismo día y
permanece desaparecido. El mismo Tasselkraut dio cuenta de los efectos que la
represión tuvo en el funcionamiento interno de la empresa, cuando en el marco
de los juicios por la Verdad en los tribunales platenses, se le preguntó si
consideraba que existía alguna relación entre la disminución del conflicto en
la fábrica, el aumento de la productividad y la desaparición de obreros y
militantes. Su respuesta fue elocuente: “Y…milagros
no hay”.
4* INFIERNO SOBRE RUEDAS
“...respecto
de la subversión en el ámbito fabril, sabemos que ella intenta desarrollar una
intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector
laboral. Es necesario conocer el modo de actuar de la subversión fabril, para
combatirla y destruirla. Ello se manifiesta por alguno de los procedimientos
siguientes: el adoctrinamiento individual y de grupo para la conquista de las
clases obreras, colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones de ese
sector. La creación de conflictos artificiales para lograr el enfrentamiento
con los dirigentes empresarios y el desprestigio de los auténticos dirigentes
obreros. Frente a ello, el gobierno y las fuerzas armadas han comprometido sus
medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la
seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores y el
aniquilamiento de ese enemigo de todos. Pero cabe la reflexión de aquellos que
se apartan del normal desarrollo del «Proceso» buscando el beneficio individual
o de sector, se convierten en cómplices de esa subversión que debemos destruir;
lo mismo que a quienes no se atrevan a asumir las responsabilidades que esta
situación impone”. Ministro de
Trabajo, general Horacio Tomás Liendo, ‘La Nación’, 12-11-77
Ford
Motors instaló su primera filial en Argentina en el año 1913, primero en
Barracas y luego en La Boca, mientras que la actual planta de General Pacheco,
fue inaugurada en 1961.
Entre
marzo y mayo de 1976, hubo 25 delegados secuestrados. Todos pertenecían a la
comisión gremial interna, que se encontraba conformada por 200 representantes,
en una planta con alrededor de 5.000 obreros.
Los 25
trabajadores estuvieron desaparecidos entre 30 y 60 días. La mitad de ellos fue
secuestrada en sus casas y llevada a la comisaría de Tigre, dispuesta como
centro clandestino, mientras que la otra mitad fue detenida directamente en la
planta de General Pacheco. Las capturas se efectuaron en camionetas F100 que
eran proporcionadas a las fuerzas represivas por Ford. “Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los
trabajadores que querían que chupáramos”, le dijo el oficial del ejército
Molinari a la esposa de uno de los secuestrados, Arcelia Luján de Portillo, “sacó del cajón de su escritorio una lista
en un papel tipo oficio con el logotipo de Ford”.
Las
fuerzas militares instalaron en el campo de deportes de la planta de Pacheco
una dependencia militar adonde funcionó un centro clandestino de detención. En
el mismo fueron recluidos algunos delegados gremiales secuestrados dentro de la
fábrica por ciertos períodos de tiempo. El obrero Juan Carlos Conti, delegado
de planta, que trabajaba en Ford desde 1965, fue secuestrado en el interior de
la fábrica el 14 de abril de 1976. Conducido en una F100 hasta el quincho, en
el propio predio de la planta, con sus manos atadas con alambres. Luego de su
secuestro, la empresa intimó a Conti por “abandono de tareas”, y cuando su
esposa responde relatando lo sucedido, lo despide “con causa”.
El
detenido Francisco Guillermo Perrotta, uno de los 2.500 empleados
administrativos de la fábrica, quien tenía acceso a información clave sobre las
cuestiones internas de Ford desde su puesto en la oficina de Análisis de Costo,
Material e Inventario, reconoció al jefe de Seguridad de la planta de General
Pacheco, Héctor Francisco Sibilla, como uno de sus verdugos durante los
interrogatorios. Este tortuoso personaje era miembro de las fuerzas armadas y
fue ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al
rango de teniente coronel, como premio al disciplinamiento obtenido en Ford.
Sibilla continuó con su brillante carrera. Fue contratado posteriormente por la
embajada de Estados Unidos como personal de seguridad de la sede diplomática,
en un cargo que ocupó hasta 2004.
Cuentan
trabajadores sobrevivientes, que el gerente de Relaciones Industriales de Ford,
Guillermo Galarraga, meses antes de la caída de “Isabel” Perón, tuvo una
acalorada discusión con la Comisión Interna de la planta de Pacheco, y los
conminó textualmente: “Yo con ustedes no
discuto más, y a partir de ahora denle mis saludos a Camps”.
Los
trabajadores, acostumbrados a los desplantes del gerente, esta vez salieron de
la reunión un poco más confundidos. Ninguno de ellos sabía quién era el tal
Camps.
5* RECURSOS HUMANOS
“Los empresarios forman uno de los primeros sectores que
constituyen la nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los blancos
predilectos de la agresión criminal de las hordas marxistas. Por eso la
responsabilidad moral es la otra gran vertiente de esta eminente función
social, y comienza dentro de la misma empresa. Allí los derechos ceden su lugar
a los deberes. Defender la empresa y la propiedad privada contra agresores de
toda índole es el primer deber” - General Ramón Genaro Díaz Bessone,
ministro de Planeamiento en la Federación Gremial de la Industria y Comercio de
Rosario, en octubre de 1977.
La
empresa Dálmine Siderca, propiedad del grupo económico Techint y hoy integrante
de la alianza comercial Tenaris-Siderca, se estableció en la localidad de
Campana en 1954. Constituye uno de los casos menos conocidos de participación
patronal en el proceso represivo. Las direcciones de la empresa y del grupo
Techint urdieron una fuerte campaña tendiente a deslindar responsabilidades por
las desapariciones y asesinatos de sus trabajadores, atribuyendo la
responsabilidad exclusivamente a las fuerzas militares. Algo que no era nuevo
ya que su fundador Agostino Rocca había utilizado la misma estratagema cuando
cayó Mussolini en Italia, del que había sido principal consejero industrial.
Por otro lado, el enorme peso de la empresa en la ciudad de Campana en términos
económicos, comunitarios y sociales, fue un poderoso factor de disuasión tanto
para los trabajadores de la fábrica, como para los familiares de las víctimas y
los vecinos en general que fueron testigos de la connivencia de militares y
empresarios.
En
Dálmine Siderca se repite la presencia de personal del ejército en la puerta de
la fábrica con listados de personas “marcadas”, la contratación a partir del
golpe militar de supuestos nuevos obreros que eran en realidad agentes de las
fuerzas represivas, y la detención de trabajadores en la misma planta. Suman
más de 50 los detenidos-desaparecidos de la planta de Campana.
Aún,
bajo estas condiciones represivas, la falta de pago de premios en 1979
determinó que los trabajadores de Dálmine se movilizaran en planta y convocaran
una reunión dentro de fábrica, frente a las oficinas de personal. A pesar de la
presencia militar en plena asamblea, los trabajadores resolvieron reclamar por
el pago adeudado, reivindicación que, aunque parcialmente, se logró a
regañadientes de la empresa y de la directiva gremial de ese momento, que había
intentado impedir la asamblea por todos los medios. El coronel Zapata, del área
militar 400, en otro intento por disuadir a los obreros, citó a varios
trabajadores: “…se acabó. Es la última
vez que lo mando llamar. La próxima vez lo mando a buscar…”, tratando de
amedrentar a los revoltosos.
Uno de
los más grandes centros clandestinos de detención en la zona, el Tiro Federal
de Campana, se encontraba lindante a la fábrica, y hasta existe una puerta que
comunica ambossitios. El predio de la Ruta 12, que hasta el 24 de marzo de 1976
funcionó como polígono de tiro civil, fue ocupado por el ejército en la
madrugada del 25 y transformado en un campo de concentración adonde se torturó,
desapareció y asesinó a cientos de personas, entre ellos algunos trabajadores
de Dálmine Siderca. La cercanía de la fábrica era tal que los detenidos
escuchaban claramente los ruidos de las máquinas trabajando.
Sobrevivientes
relatan que, a pesar de las presiones, los trabajadores impulsaron el conflicto
en una asamblea con voto a mano alzada. “El
conflicto fue durísimo. La primera asamblea no fue presidida por los delegados,
sino por un grupo de oficiales del ejército con ametralladoras y bayonetas. Los
militares concedían el uso de la palabra. Y algunos activistas trataban de
hacer equilibrio entre lo que debían reclamar y el cuidado de la propia vida.
Pocos cometieron el pecado de apasionarse demasiado. Uno de ellos se llamaba
Juan José “Colorado” Torrente. A otro lo conocía como Pascual Gordillo. La
primera asamblea pasó, luego vinieron las reuniones de los activistas en el
vestuario de la acería. Eran encuentros atípicos, de no más de 30 empleados.
Acudían, si se animaban, dos por cada sector. Antes de entrar, los paraba un
subteniente para pedirles los nombres, los documentos e interrogarlos
convenientemente. Protagonizaron tres días de huelga general, y las
reivindicaciones fueron obtenidas. Cuando terminó la segunda jornada de paro,
Torrente salió de la planta junto a dos de sus compañeros, cruzó la avenida
Mitre, enfiló para su casa, en el centro del barrio Siderca, dejó al último
operario en su domicilio y…nunca se lo volvió a ver en este mundo. A Gordillo
le pasó exactamente lo mismo, sólo que unos días después”.
6* EL HOMBRE DE ACERO
“Quédense
tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo
tierra”. Guillermo Walter Klein, Secretario de
Programación y Coordinación económica bajo el ministerio de Martínez de Hoz, en
la embajada de Estados Unidos.
El 26
de abril de 2015, a los 93 años, fallecía impune el general Alcides López
Aufranc quien fuera director de la empresa Acindar entre 1976 y 1992.
La
empresa Acindar Industria Argentina de Aceros S.R.L. se fundó en el año 1942 en
la ciudad de Rosario, ante la necesidad de acero en un contexto de
restricciones para la importación, por la Segunda Guerra Mundial. En 1951
Acindar realizó su primera ampliación, instalando en Villa Constitución la
llamada “Planta 2”.
López
Aufranc se convirtió, desde joven, en admirador de los militares franceses y
sus métodos de tortura y exterminio durante las guerras coloniales en Indochina
y Argelia. El general organizó en Buenos Aires el Primer Curso Interamericano
de Guerra Contrarrevolucionaria, del que participaron catorce países. Métodos
de interrogatorio, secuestros, desapariciones, asesinatos, para alumnos
aventajados del hemisferio.
“Con la sangre se aprenden muchas cosas”, era una de las frases de
cabecera de este ‘intelectual’ de la represión.
Con la
llegada de López Aufranc al directorio de Acindar en 1976, para suceder nada
menos que a José Alfredo Martínez de Hoz, se militarizó la planta de Villa
Constitución, dejando en la calle a más de 2.000 operarios, archivó convenios
laborales, prohibió cualquier actividad sindical y monopolizó la producción
nacional de acero. Todo, por supuesto, con la bendición de los Acevedo, dueños
de la empresa. Quienes además tenían una fuerte participación en el Banco
Francés y en la cementera Loma Negra, ampliamente beneficiada en los años por
venir con las “obras públicas” del mundial ’78. Martínez de Hoz, por su parte
desde el ministerio de Economía, articulaba los intereses de Acindar con otros
grupos económicos monopólicos.
Mientras
sus camaradas de armas sembraban de cadáveres el territorio, López Aufranc
integraba el Consejo Empresario Argentino y el Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales. Además fue consejero de FIEL (Fundación de
Investigaciones Económicas Latinoamericanas), director del Instituto para el
Desarrollo de Empresarios en la Argentina IDEA) y presidente de la Cámara
Argentina de Comercio.
Si en
1978 inauguró la Planta Integrada, terminando con el monopolio de Somisa en la
producción de acero a partir de mineral de hierro, si luego en 1981 absorbe a
Gurmendi (que por entonces controlaba a su vez a Santa Rosa y Genaro Grasso)
desprendiéndose de cuatro mil seiscientos trabajadores. De 12.795 asalariados
que tenían las cuatro empresas en el 1979 pasó a 4.300 en 1992. Acindar se va a
beneficiar de todo tipo de exenciones impositivas, avales para créditos,
estatización de deuda privada externa, tarifas subvencionadas de gas y de
energía eléctrica. Con la flexibilización laboral impuesta en 1991 -tras 40
días de conflicto- que cerraría el ciclo
iniciado con la “operación serpiente roja” de marzo de 1975.
El
balance de 1992 informa a los accionistas la reducción de 2.000 operarios en
Villa Constitución, quedando una dotación de 2.300 trabajadores con
mantenimiento de los niveles de producción anteriores al conflicto del ’91 y
una reducción de gastos del orden del 10%. La flexibilización impuesta terminó
con el convenio colectivo e impuso la polifuncionalidad de los trabajadores
quedando estos a disposición discrecional de la empresa para la tarea, el modo
y tiempo de efectuarla que ésta desee abriendo paso a nuevos niveles de
superexplotación generando reubicaciones y despidos masivos. Lo que en su
momento se disciplinó a fuerza de tanquetas, falcón verde y gendarmería, ahora
se impondría por medio de la extorsión más brutal: “aceptación o despido”.
Recién
en 1995, el gobierno de Carlos Menem conseguiría aprobar en el Parlamento la
ley de flexibilización laboral para concretar en todos lados lo que Acindar había
conseguido desde 1991 en sus plantas industriales.
Como
responsable del directorio de la acerera, Alcides López Aufranc firmó de puño y
letra una carta fechada en 1977 y dirigida al grupo de accionistas. “…A partir del 24 de marzo de 1976, en que
las Fuerzas Armadas, interpretando adecuadamente la gravedad de la situación,
asumieron la responsabilidad histórica de tomar el poder para reordenar el
país, se opera un cambio sustancial. Se restablece la disciplina laboral, se
combate la subversión con toda intensidad y se encaran medidas económicas que
permiten afrontar los compromisos de la deuda externa y reducir la inflación.
Se limita el gasto público y se aumenta la recaudación impositiva…es evidente
que en la República se respira otro aire, y que la capacidad y decisión de
quienes han asumido la responsabilidad histórica de recuperar el país, permite
ser optimista sobre el futuro. Cuando se hayan roto esas trabas al progreso y
desaparezca la subversión, la Argentina iniciará un despegue acelerado,
alcanzado en pocos años niveles de progreso y bienestar tales, que harán
difícil recordar lo que fue nuestro pasado reciente…
No deseo terminar esta carta a los
accionistas sin rendir un homenaje a los hombres que han dado su vida en la
lucha contra la subversión y en defensa de nuestro tradicional estilo de vida,
y a todos aquellos que han abandonado su tranquilidad e intereses personales
para entregarse de lleno a la noble tarea de reorganizar y recuperar nuestra
querida patria”.
Alcides
López Aufranc murió sin haber sido juzgado por su rol durante la dictadura.
7* EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
“Nosotros liquidamos la subversión, derrotamos al movimiento
sindical y desarticulamos a la clase obrera. Todo lo que vino después fue
posible por nuestra labor”-
Juan Alemann, Secretario de Hacienda en el ministerio de Martínez de Hoz, al
diario ‘La Nación’, 9-4-1987.
Las
primeras instalaciones del astillero y establecimiento metalúrgico se
establecieron en el Tigre durante la década de 1920, aunque la empresa se
constituyó como sociedad anónima bajo el nombre de Astilleros Argentinos Río de
la Plata S.A. (Astarsa) en los años ’40, teniendo como accionistas mayoritarios
a la Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia, propiedad de la
familia Braun Menéndez, y Estrabou y Cía.
La
empresa empleaba a mediados de la década del ’70 alrededor de 1.500 obreros, de
los cuales 800 eran trabajadores metalúrgicos y 700 eran navales. Aunque los
salarios pagados en la empresa eran relativamente altos, dado que la mayoría de
los obreros realizaban tareas calificadas, el trabajo se desarrollaba en
pésimas condiciones de salubridad: “El
golpeteo incesante sobre metales y chapas poblaba el aire de ruidos sordos. Las
emanaciones tóxicas de pinturas y material de soldadura producían afecciones
pulmonares de distinto grado de complejidad. Los casos de esterilidad y
accidentes de trabajo con las soldaduras autógenas eran frecuentes”, cuenta
un trabajador.
Entre
1973 y 1975 la agrupación “José María Alessio” (el nombre de uno de los obreros
muertos en uno de los “accidentes” en la fábrica), consiguió un impresionante
avance en la representación de los trabajadores, y muchas conquistas
sindicales, entre las que se destacó la creación de una Comisión Obrera de
Higiene y Seguridad, que se relacionó rápidamente con el Instituto de Medicina
del Trabajo, la Universidad Tecnológica Nacional, y vínculos estrechos con
otras agrupaciones gremiales de fábricas de la zona norte.
“Queremos un astillero, no un matadero” era la consigna de los
trabajadores.
Resultado
de su accionar, y de su militancia en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP),
en 1975 varios de los obreros fueron secuestrados por grupos militares y
salvajemente torturados, aunque la intensa movilización de trabajadores de las
fábricas del Tigre y de vecinos logró su liberación.
En
enero de 1976 continuaron los secuestros, y en febrero tres militantes
aparecieron muertos, totalmente desfigurados. El día del golpe militar, el 24
de marzo, fuerzas del ejército al mando del coronel Molinari, quien se
desempeñaba en la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo, acordonaron la
entrada de los astilleros Astarsa, Mestrina y Forte, con tanques de guerra,
carros de asalto y helicópteros, en un operativo que se extendió hasta el día
siguiente. Con la anuencia de la empresa, que colaboró en las identificaciones,
detuvieron a alrededor de 60 obreros, a quienes condujeron a la comisaría 1ª de
Tigre. Además de los secuestrados, torturados y asesinados, son 16 los
trabajadores y delegados que continúan desaparecidos hasta la actualidad.
El caso
de Jorge Rampoldi sirve para ilustrar las relaciones entre la empresa, la
burocracia sindical y las fuerzas militares. Rampoldi, hombre del peronismo
integrante de la organización fascista CNU (Concentración Nacional
Universitaria), se desempeñaba en un cargo administrativo de la oficina de
personal de Astarsa -donde se lo conocía con el tétrico apodo de “capucha”-, a
lo que sumó luego su rol como asesor letrado del Sindicato de Obreros de la
Industria Naval (SOIN), para terminar formando parte de la intervención al
sindicato, efectuada por la marina.
Era
este siniestro personaje quien recibía los familiares de los desaparecidos de
los astilleros Astarsa y Mestrina, para decirles, cuando llevaban los
telegramas de “abandono de trabajo”, que no podía hacer nada porque los
despidos eran ‘con causa’.
Los
trabajadores cuentan que el 16 de marzo de 1976, luego de que la esposa de uno
de los obreros fuera secuestrada, un grupo de ellos se dirigió a la oficina de
personal de Astarsa para notificar a la empresa de lo sucedido y requerir su
colaboración para localizarla, Rampoldi les salió al cruce: “Ustedes no existen, ¿no se dan cuenta?
Ahora cuando nosotros queremos los cagamos a tiros”.
Siguió
en ese cargo hasta 1983, cuando fue elegido senador del Partido Justicialista y
nombrado vicepresidente del Senado de la provincia de Buenos Aires. En 1987 es
elegido diputado provincial por el peronismo y más tarde subsecretario de
Trabajo de Duhalde, desde allí colaboró con el ascenso sindical del mafioso de
la UOCRA platense, Juan Pablo “Pata” Medina. En el 2003 cuando el gobierno de
Kirchner lo quiere designar director de Migraciones, un grupo de trabajadores
sobrevivientes de Astarsa lo denuncian ante la Comisión de Derechos Humanos,
impidiendo el nombramiento. Sin hesitarse continuó sus patrióticas tareas
desempeñándose como asesor letrado de Hugo Moyano.
Uno de
los obreros de Astarsa sobreviviente de la represión, Héctor González, que
continuó trabajando algunos años más, cuenta sobre el día a día en el
astillero: “no hablaba con nadie…De los
muchachos no quedaba nadie, de los chicos con los que jugaba al fútbol, nos
juntábamos para Navidad, para Año Nuevo, no quedaba nadie…Después me entró a
pasar algo cuando iba a laburar a Astarsa…cuando ya no estaban los muchachos…cruzaba
la barrera para adentro y me entraba a doler la cabeza…todos los días”.
8* A MODO
DE EPÍLOGO
“Ya
no hay huelga en las fábricas, ni manifestaciones en las calles, ni pintadas en
los muros. Los mejores compañeros están desaparecidos. Cada fábrica funciona
como un campo de concentración…”. Sin embargo, el trabajador piensa, mientras monta una
válvula, “…yo estoy aquí, con mi miedo y mi angustia, y sobre todo con mi rabia
silenciosa… resisto”.
