Pablo Carrera y Néstor Denza
Los 50 años transcurridos desde el último golpe de Estado brindan una buena oportunidad para hablar de nuestro pasado reciente. La importancia que le solemos dar a los aniversarios “redondos” se acrecienta por la indiferencia hacia el pasado que vivimos en estos tiempos y que nos obliga a reflexionar sobre la misma. Esta tarea resulta especialmente necesesaria para quienes trabajamos y reivindicamos a la Historia como una referencia ineludible a la hora de entender el presente. Lo primero que queremos decir es que la dictadura cívico militar no fue la aventura de un puñado de militares y civiles malvados, sino la puesta en marcha de un plan de exterminio y de reajuste económico cuyas consecuencias perviven en la actualidad.
El Plan Cóndor convirtió al
cono sur del continente en un escenario donde el proyecto neoliberal se abrió
paso a sangre y fuego, y en el cual se impuso por la fuerza sobre los distintos
proyectos que las izquierdas habían esbozado para sus países, con sus
particularidades, con sus diferencias y hasta con sus contradicciones. Por
ejemplo, habían surgido alternativas que pusiseron en jaque la dominación
capitalista tradicional. En este contexto mundial y continental de profunda
crisis, con revoluciones triunfantes o en ciernes, la confianza popular se
depositó mayoritariamente en aquellos procesos que enfrentaban a los poderes
locales en pos de la construcción de sociedades más justas. Esta coyuntura
enfrentaba directamente los intereses de los grupos de poder y del Imperio,
quienes no dudaron en ajustar su control elaborando un plan continental de
dominación y exterminio. Las dictaduras militares y civiles fueron parte de ese
plan impulsado por los EEUU, que contó con el apoyo y la complicidad de las
oligarquías locales. Las dictaduras gobernaron en el cono sur. En Chile,
Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia se instalaron como forma de gobierno y
llevaron adelante un plan económico basado en el endeudamiento y la desindustrialización.
El capital financiero imponía un reacomodamiento de los patrones de acumulación
y necesitaba de la violencia para hacerlo. Los militares que tomaron el poder
respondían a los condicionamientos que el imperio ejercía en ese momento. Las
dictaduras latinoamericanas mostraron, una vez más, la cara más cruel del poder.
En el sur de nuestro continente, la persecución y la muerte planificadas desde
el Estado marcaron una época en la que el gran capital disciplinó a la sociedad
mediante la represión y el miedo.
En nuestro país, la violencia desatada contra los sectores populares no
puede entenderse sin considerar el temor que les generó a las clases dominantes
el avance y el consenso que los proyectos contrahegemónicos lograron consolidar
hacia finales de la década de 1960 y principios del 1970. Si bien la actitud
represiva del Estado hacia los sectores populares no fue una novedad, lo que
diferenció ese momento histórico fue la magnitud y la crueldad planificada que
ejecutaron las FFAA como fuerza de choque de la oligarquía. La represión
estatal, en mayor o menor medida, había estado presente a lo largo del s. XX,
pero desde el Cordobazo en adelante (momento álgido de la lucha de
clases en nuestro país) se inauguraron nuevos métodos represivos cuyas marcas
siguen presentes: la desaparición de personas y el robo de bebés. La violencia,
el terror, la mentira y las campañas sucias inundaron el país, dejando su marca
en toda la sociedad. En algunas provincias y zonas puntuales esta represión se sintió
de manera mucho más vívida. Algunos municipios, por características
particulares de sus desarrollos económicos y poblacionales, tuvieron un
accionar represivo mayor: ese fue el caso de Florencio Varela. Ubicado al sur
del cono sur, el municipio de Florencio Varela también tuvo su historia durante
la dictadura, una historia que vale la pena revisitar, una historia que nos
interesa rescatar porque pervive en la memoria colectiva e individual y,
especialmente, en la otra historia, no la de los dueños de todas las cosas, sino
la nuestra.
Documental "Los Pibes del Santa".
Al achicar la escala de observación y centrarnos
localmente en Florencio Varela vemos que este distrito del sur es sustancialmente
representativo de lo que sucedió en nuestro país. En Florencio Varela hubo
hombres y mujeres trabajadores que, con compromiso político, se organizaron,
lucharon y proyectaron una sociedad mejor. La contracara de esto fueron los secuestros,
las desapariciones, los robos de bebés, las
muertes y la infame colaboración de vecinos “ilustres” con el poder represivo. Cuando
en 1985 se conoció el Nunca Más, uno de los datos que graficaba el libro
era que más del 50% de las víctimas de la dictadura habían sido estudiantes y
trabajadores. Florencio Varela reafirma este dato. No sorprende que la mayoría
de las víctimas del terrorismo de Estado se hayan concentrado en el pueblo
trabajador. La publicación en 2005 del libro Los que no están. Desaparecidos
y dictadura cívico militar en Florencio Varela (1976-1983) reconstruyó esas
historias de vida y dio cuenta de ello.
En la larga lista de víctimas del distrito predominan los y las
trabajadoras; muchos y muchas delegados/as sindicales y/o militantes políticos,
tanto en el distrito como en sus alrededores. Trabajadores fabriles,
ferroviarios, municipales, docentes y profesionales de la salud fueron
afectados por el terrorismo estatal, pero la represión se ejerció con mayor
despliegue en el ámbito fabril. Si la dictadura quería terminar con la
organización obrera, debía también desterrar las condiciones de posibilidad que
generaban esta organización. Las fábricas se convirtieron en el foco represivo
más intenso junto con la destrucción del aparato productivo y el fin de la
industria nacional. Las mismas fueron condiciones necesarias para obturar los
vínculos que los/as trabajadores tenían en sus lugares de trabajo.
Represión fabril y
desindustrialización fueron objetivos que la dictadura persiguió en su proyecto
político y económico. La cantidad de desaparecidos/as y desocupados/as en
Florencio Varela demuestra que ese plan, sumado a la proliferación del miedo al
“no te metás”, cambió radicalmente los vínculos comunitarios una vez
acabada la dictadura. Pero la Historia no terminó ahí. A pesar de esta
desarticulación social, existe actualmente una insistencia incansable de los
sectores populares para rebelarse frente a las desigualdades socio-económicas y
ante el poder que las genera. Es nuestro trabajo y el de las generaciones
venideras ejercitar la memoria, reivindicar la lucha y el compromiso con la
Historia, para que la misma no se fosilice en el pasado, sino que perdure en el
presente y por qué no en el futuro.
Represión estudiantil
La trama de secuestro, tortura, desaparición
y muerte que asoló nuestro país durante la dictadura cívico militar tuvo
también su capítulo represivo dentro de las escuelas varelenses. A pesar de que
Varela era, por aquel entonces, todavía un pequeño pueblo, el discurso y las
prácticas autoritarias penetraron profundo en el andamiaje educativo.
En el mes de octubre de 1977, el Ministerio
de Cultura y Educación emitió el decreto N. 538 que hizo obligatoria la lectura
del folleto titulado “Subversión en el ámbito educativo: conozcamos a nuestro
enemigo”. El documento constituía un llamado claro y lineal a la labor de
inteligencia militar dentro de las escuelas e invitaba a los educadores y
educadoras a reconocer dentro del alumnado y del personal docente la
infiltración marxista, para arrancarla de raíz. La circulación de este líbelo
en la comunidad varelense empoderó a las autoridades educativas que compartían
el imaginario represivo de la dictadura.
Los numerosos testimonios de estudiantes de
la época que se recogen en el libro Los
pibes del Santa. Represión estudiantil en Florencio Varela (1976-1983), aseguran
que a los pocos meses de perpetrado el golpe de Estado comenzó a extenderse un
discurso autoritario que se sirvió de las amonestaciones, de las inspecciones
sobre la vestimenta y el corte de pelo, de un riguroso control de los diálogos
y las formas de comportamiento que no fueran las “indicadas”, para imponer, a
través del aparato educativo, el disciplinamiento social. Esta instalación de
un modelo educativo basado en el terror se hizo extensiva al marcaje del
indisciplinado, es decir, de aquel que por algún motivo se negaba a adaptarse a
las formas de pensar, actuar y vestir del discurso dominante. El mismo quedaba
marcado como el indaptado o, como se decía en la época, el subversivo.
En nuestro distrito, el caso emblemático de
la represión estudiantil fue el Instituto Santa Lucía, que fundado en 1961, era
uno de los pocos colegios de nivel secundario en Florencio Varela. Como escuela
privada, el Santa (como suele denominárselo) tenía una matrícula compuesta
mayoritariamente por hijos/as de comerciantes y profesionales del “centro” de
la ciudad. Sin embargo, con los años y a falta de otras ofertas educativas (no
existían todavía escuelas secundarias en los barrios) comenzaron a concurrir a
ella hijos e hijas de la clase trabajadora, lo cual le brindó a la escuela una
mixtura social particular en la que se expresarían también las pasiones
políticas de la época.
El colegio estuvo dirigido desde su
fundación por el rector Modesto Evaristo Rodríguez, conocido comúnmente como
Tino. Proveniente de una de las familias tradicionales del distrito,
propietaria de comercios y tierras, Tino fue lo que se dice un tipo de
“derecha”. El rector intentó hacer de la escuela un proyecto fascista exitoso,
en el que su autoridad estaba por encima de todo, aunque brindaba ciertas
libertades para el desarrollo de actividades deportivas e incluso culturales. Por
ejemplo, todos los años se festejaba en el colegio la Fiesta de la Flor, un
evento multitudinario que contaba con la participación activa del alumnado y de
sus familias.
La agitación social de los años 60 y 70 repercutió
en la juventud de la época, la cual vivió un acelerado proceso de politización.
Sin la participación de la juventud no puede explicarse un fenómeno fundamental
de la vida política de nuestro país como el Cordobazo.
A escala menor, el colegio Santa Lucía reflejaba en su alumnado las mismas
pasiones que a nivel nacional. Entre sus alumnos y alumnas había quienes
participaban de las diferentes variantes del peronismo, del radicalismo y de
las distintas corrientes de izquierda. A medida que el clima represivo se hacía
más fuerte a nivel nacional, a la par de la politización dentro del colegio, un
grupo de alumnos de la promoción 1974 comenzó a cuestionar el accionar
autoritario del rector a través del Gres (Grupo de Resistencia Juvenil) ligado
al Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Como no podía ser de otra
manera, la reacción de Tino fue violenta y propició la persecución de los
supuestos revoltosos o “subversivos”, como a él gustaba llamarlos. El rector
organizó grupos paralelos de estudiantes leales, en un símil de “centro
estudiantil”, pero manejado por él, con el objetivo de apartar a los y las
estudiantes del GRES de sus compañeros y compañeras.
Con la llegada de la dictadura y sin la
presencia de la combativa promoción 74, la institución tuvo todo el aval de las
nuevas autoridades para hacer de la escuela un lugar donde la actividad
política estuviera claramente vedada. Tino se jactaba de haber visto pasar por
el pasillo a los demonios y ante el alumnado decía envalentonado que “por
suerte hoy ven crecer los rabanitos desde abajo”. ¿A quienes se refería? A los
10 ex alumnos/as que entre los años 1976 y 1979 fueron secuestrados/as,
llevados a centro clandestinos de detención y luego torturados/as, asesinados/as
y desaparecidos/as. Las familias de dichos/as estudiantes solo han podido
recuperar los cuerpos de dos de ellos: los nikkei Julio y Horacio Gushiken. Una
investigación reciente titulada La ciudad
flagelada (2024) agrega a nuestra investigación la desaparición de la
profesora Beatriz Mariana Quiroga de Porfirio, que trabajó en el colegio desde
el año 1969 hasta 1971 y otros casos similares dentro de nuestro distrito.
Aunque a la vuelta de la democracia Tino
Rodríguez fue denunciado por apología del delito por ex alumnos/as de la
escuela y recibió el repudio del Concejo Deliberante varelense, el rector
siguió manejándose con la impunidad de siempre hasta el día de su muerte. Entre
otras cosas, fue parte de un grupo de varelenses que iban a visitar a la cárcel
al genocida Videla. Gran parte de la comunidad santalucina lo defendió al
momento de las denuncias judiciales, preanunciando las dificultades e idas y
vueltas que sufre nuestro país a la hora de recuperar la memoria sobre lo
ocurrido durante la dictadura. A 50 años del comienzo de la dictadura genocida
y ante un gobierno nacional actual que hace del negacionismo uno de sus
estandartes, ejercitar la memoria y recordar a quienes lucharon por la
construcción de una sociedad sin explotación ni opresión es más que un acto de
justicia, es una acto de rebeldía imprescindible.
Marzo de 2026
Pablo Carrera
Néstor Denza
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